¿Y ahora quién le va a poner el cascabel al gato?. A falta de pocos días para recibir la primera factura telefónica, - donde no aparecerá el detalle de las llamadas metropolitanas-, y con una Infovía Plus cada vez más obsoleta, que ya ha pasado a formar parte de nuestras vidas, ¿quién o qué estamento jurídico, político o empresarial, va a hacerse cargo y a asumir responsabilidades de y sobre las llamadas infructuosas que hemos realizado a nuestros respectivos nodos, los minutos que hemos estado conectados sin poder navegar o recuperar el correo, las continuas desconexiones o los perjuicios ocasionados por la red en nuestros trabajos, estudio, ocio y economía?
 
Telefónica ha sido la primera en poner el parche y curarse en salud ante la avalancha de reclamaciones que le espera, y ya ha aleccionado a sus operadores del 1004, para que nos informen de que ya no se admiten reclamaciones, aludiendo a que el monopolio no se considera responsable del mal funcionamiento de Infovía Plus. ¡Algo hemos adelantado!, ya que hasta ahora, la retórica no salía del todo funciona a la perfección,-continuada por el ministro de Fomento -,  ¡como el país! ¡país!
 
La impotencia y situación de indefensión a las que nos está arrastrando este monopolio, es absolutamente absurda en un sistema de derecho y una democracia consolidada. ¿O es que estos conceptos poco a poco están empezando a carecer de sentido y contenido real en España?.

Telefónica está cometiendo presuntos muy graves fraudes, reiterativamente, conscientemente, con ánimo de lucro, presunto enriquecimiento ilícito y abuso de poder, con consecuencias de perjuicios incalculables para el usuario de Internet y la comunicación en general.

Ya no hablamos de la tarifa plana o de sistemas idílicos (ADSL) que pretenden vendernos, sólo con el fin de consolidar de nuevo el monopolio, en la nueva era de las telecomunicaciones. Estamos hablando de que Telefónica está cobrando un servicio que no da, y ofreciendo un producto defectuoso al precio de uno en buen estado, - suponiendo que el precio fuera el correcto-, y que la justicia lo está consintiendo.

¿Cómo llamaría a esta acción, -realizada por un ciudadano de a pie-, un juez? ¿ fraude?, ¿hurto?, ¿robo?. Esta servidora no entiende de conceptos legales, pero de lo que sí está segura, es de que si se dedicara a vender frigoríficos que no enfrían a precio de nuevos, teléfonos sin línea convenciendo a los clientes de que pueden llamar u ordenadores trucados, el juicio sería bien rápido y la multa o cárcel de castigo ejemplar. Sin olvidar la indemnización que tendría que abonar a los presuntos estafados.

¿Debemos entender entonces que no somos iguales ante la ley? ¿qué diferencia hay entre Villalonga y cualquier otro presunto delincuente, al que denunciamos porque nos quiere vender gato por liebre? ¿qué impide que este hombre,- cuyos derechos como ciudadano no difieren en nada a los de cualquier otro ante la ley-,  se enfrente a un juicio por presunto fraude a sus clientes? ¿es acaso la falta de respeto hacia el estado de derecho del ejecutivo, lo que provoca que los elegidos jamás sean juzgados y posean inmunidad para delinquir? ¡Muy posiblemente! Pero en este caso, deberemos plantearnos nuestro futuro como un retroceso a tiempos no tan lejanos, y profundamente traumáticos para varias generaciones. 

Jamás olvidaré el tremendo impacto que me produjo  la película El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, y como el vello se me ponía de punta, ante la confirmación de alguien que me dijo que aquello pasó realmente y que no fue un hecho aislado.

La actitud de Villalonga es el más claro ejemplo de desprecio hacia el conjunto de ciudadanos, -que él acostumbra a llamar masa-, y de explotación del ser humano. Al mismo tiempo, deberemos cambiar el término empresario por el de dictador de tendencias claramente fascistas; ya que el primero es el que ofrece un justiprecio por su producto, -así como calidad, servicio y respeto por el cliente-, todo lo contrario de lo que hace el segundo, quien impone su producto sin opción a réplica, y por supuesto en las condiciones de calidad y servicio que le placen, con el burdo fin del enriquecimiento a costa de la explotación y la burla de los derechos del hombre. 

Pero, ¿tiene cabida un dictador en un sistema democrático donde los derechos del ciudadano son sagrados? ¿y en un sistema empresarial de libre mercado?.

Telefónica, -por mucho que nos parezca-, no tiene la exclusiva del presunto fraude electrónico, pero lo que la diferencia de otros que lo han practicado, es que ella posee el beneplácito del gobierno de su país para ejecutarlo, y la inmunidad de la justicia e incluso de las instituciones que supuestamente defienden al pueblo, para no ser juzgada por ellos.

MCI tiene cientos de miles de juicios pendientes en Estados Unidos , por presuntas llamadas telefónicas facturadas y no efectuadas por el cliente.

Esta es la primera diferencia entre ellos y nosotros. Allí las denuncias son admitidas a trámite, y la empresa es sancionada duramente si se demuestra su culpabilidad. Aquí ni siquiera se admite por parte de la justicia, que Telefónica pueda llegar a cometer algún presunto fraude.

En EEUU una franquicia ofrece al usuario un software que detecta los presuntos fraudes cometidos por las compañías telefónicas, y los resultados del análisis que este software realiza sobre las llamadas del usuario, pueden ser aportadas como prueba en un juicio contra el fraude electrónico. En España esto es impensable.

En la legislación norteamericana, -no pretendemos demostrar que sea la mejor, pero al menos su flexibilidad y adaptabilidad a los nuevos tiempos, hacen que el ciudadano esté más protegido en este caso-, existe lo que llaman “ “punitive damages”; que permite al juez en caso de encontrar culpabilidad ante una acusación de fraude, penar al infractor con la entrega de una indemnización al damnificado, de más de cinco veces la cantidad defraudada. La dureza de las leyes de protección al ciudadano ante los fraudes sobre abusos en servicios tan elementales y de primera necesidad como es la comunicación, ha hecho que Telefónica cambie sus hábitos allá, manteniendo una actuación de corrección impecable hacia el cliente norteamericano, desde que cotiza en Bolsa en EEUU.

No ponemos en duda que esto pueda provocar incluso alguna crisis de identidad a Villalonga, -quien seguro sufre por los dólares que no puede cobrar de más allá-, y se lamenta de no poder emular a Al Capone, en el país que lo inmortalizó.

El gobierno sigue tratando el tema de Internet con la misma demagogia y falsedad con las que trata los demás asuntos del país, y la presunción de culpabilidad de Telefónica con respecto al presunto fraude de cobro indebido de servicios inexistentes a sus clientes, ni siquiera se molesta en escucharla. ¿Para qué? Aznar está convencido de que la mejor manera de que un problema desaparezca es ignorarlo; por eso se empeña en que en este país nunca pasa nada, todo va bien y todos comemos perdices.

Además, ¿cómo podríamos exigir a nuestro presidente, el respeto por unos derechos constitucionales del ciudadano que en su día no aceptó, -aunque se le llene la boca en TV hablando de ellos-, haciendo gala del dicho dime de que hablas y te diré de que careces?

La jugada que nos preparan Villalonga y Aznar, puede, -si se lo permitimos-, relegarnos a los primeros puestos del tercermundismo comunicativo y tecnológico.

Telefónica ha sabido mover sus figuras hasta acorralar con jaque mate a las demás operadoras en competencia, invirtiendo directa o indirectamente en ellas hasta hacerlas totalmente dependientes. ¡No nos engañemos! La liberalización de las telecomunicaciones en este país, es algo por lo que todavía tenemos que luchar, porque no existe. Para que hubiera liberalización, las líneas deberían ser gestionadas por una empresa paralela e independiente,  que garantizara que todas las empresas competidoras pudieran utilizarlas por igual. Aznar se aseguró de que fueran propiedad de su amigo Villalonga.
 
La transmisión de datos , -que debería ser desde siempre independiente de la de voz-, sigue pasando por la llamada metropolitana, y este pequeño detalle, -que al parecer se olvida conscientemente por motivos obvios-, es el que está provocando que Internet entre dentro del monopolio de Telefónica.
 
Las opciones futuras para Internet, que tanto Telefónica como Fomento o Villar nos están vendiendo como panacea, no son más que estrategias monopolistas y fascistas de control tanto en el acceso, como en los contenido de la red. A Telefónica le interesa el monopolio encubierto. A Aznar le preocupa perder el control sobre las decisiones de los ciudadanos, y que estos puedan tener acceso a contenidos libres y a expresarse sin trabas.

Aznar, -o en su defecto Cascos-, puede amenazar y provocar el despido de periodistas que se expresan  en la prensa escrita o cadenas de TV que ellos controlan, -esas amenazas que Aznar llama chismes-, pero jamás podrán vetar la libertad de lo expresado en la red, y eso es lo que pretenden conseguir. ¡Y lo conseguirán si no reaccionamos!

La situación es muy grave. Las acciones que se desprenden de un capital y un gobierno unidos por una ideología claramente fascista, basadas en la desinformación, en las mentiras encubiertas y  el nulo respeto hacia las libertades constitucionales del ciudadano; y expresadas a través de sarcasmos, hermetismo y burla, -forma de hablar de nuestro presidente-, van dirigidas a la consecución paulatina de un estado de represión, que comienza por convencer al ciudadano de que todo va bien y termina con la presión psicológica de la inmovilidad basada en el miedo.
 
Los ciudadanos deberemos hacer un serio análisis de nuestras necesidades y un concienzudo trabajo de desintoxicación de charlatanería, que nos permita ver con objetividad cuáles son las intenciones de nuestro gobierno. 
Al margen del bombardeo de los medios de comunicación , -desgraciadamente casi todos ya adquiridos por Telefónica y afines al régimen de Aznar-, estamos obligados a buscar nuevas vías de información verídica  y a utilizar nuestra inteligencia para poder discernir. Sólo esto nos garantizaá la fuerza para luchar por nuestras libertades individuales y colectivas, y la osadía para exigir a nuestros mandatarios una ética de la que ahora carecen.

Sólo sabiendo de donde vienen nuestros líderes, sabremos adonde nos quieren llevar. Las ideologías no cambian; sólo se transforman y camuflan mientras es necesario, hasta que se consigue el fin predeterminado, que en este caso es ganar las próximas elecciones. Nuestro gobierno no respeta al ciudadano. Lo utiliza simplemente para conseguir permanecer en el poder, a través de un instrumento que todavía no ha podido abolir. Las urnas. Pero su trabajo corresponde claramente al cumplimiento de directrices reaccionarias marcadas por una Obra, donde el individuo se convierte en una pura herramienta de trabajo, y donde el hecho de tener aspiraciones, pretender hacer uso de los derechos o necesidad de prosperidad, se convierten en un pecado castigado con el exterminio, mientras las grandes empresas y bancos son bendecidos por la presunta gracia divina, previo pago de su canon y promesa de someter al trabajador y usuario. 

Estamos, -como individuos-, en una situación crítica. En nuestro voto podría estar nuestra oportunidad de no entrar en el infierno.