Hace algún tiempo hice, en uno de mis artículos, alusión a la probada y extremada situación de precariedad en la que están sumidos los trabajadores de Telefónica del Perú. Amenazados, espiados, controlados en sus vidas privadas y sometidos a las más viles de las presiones laborales, sin olvidar lo "minimalista" del sueldo que reciben.

Los directivos de Telefónica del Perú, son a su vez los directores de las diferentes contratas y filiales (ITETE, por ejemplo, una de las que coloca el absurdo "Cable Mágico") que prestan sus servicios a la central y al cliente, por lo que Telefónica roba presuntamente por duplicado al pobre usuario. 

Esta situación, que corresponde a la nueva línea de actuación del monopolio, nos puede parecer lejana y ajena, ya que no es aquí en España donde está ocurriendo, pero una vez más, nos equivocamos si pensamos así. 

Telefónica ha instaurado en Perú desde su asentamiento en ese país, la misma política que tiene prevista aplicar en España a partir del uno de diciembre. Perú ha sido un prototipo piloto que hubiera resultado muy bien, si no fuera porque se han encontrado con unos clientes sin recursos, que no han podido asumir las abusivas facturas por hablar y otras tantas por los diferentes servicios ofrecidos por las filiales.

La segregación de Telefónica en contratas y filiales es ya un hecho en España. Telefónica está diversificando su poder en distintas unidades de negocio a las que traslada también el capital inversionista, y a partir de ahí será intocable. Por supuesto, el control de la central del monopolio sobre sus criaturas es total; por lo que cualquier decisión, por pequeña que sea, debe ser consultada por dicha central administrativa.

Esto, que es un presunto fraude para todos, se convierte en dramático para los trabajadores de la operadora que se temen lo peor. 

Telefónica solo necesita una excusa para deshacerse del grueso de la plantilla que ya empieza sobrarle, y bajo mi punto de vista, ya ha encontrado la solución. 

El hecho de pedir un aumento del coste de las tarifas de interconexión para las operadoras competidoras y la desfachatez de presentarse como la mártir de la situación, alegando que si ésta no es autorizada, se coloca al monopolio en una situación insostenible -aumento de tarifa que le ha sido justamente denegado- junto a su amenaza de que serán los usuarios los que paguen las consecuencias, no responde sino a la necesidad de tener una excusa publicitaria ante la sociedad, para no invertir en unas infraestructuras que ahora son su responsabilidad, -prefiere invertir en la compra de medios de comunicación y gobiernos en Latinoamérica-, y a una maniobra para deshacerse de más de 20.000 trabajadores que no tienen cabida en la nueva línea empreso-especulativa de la operadora.

Las negociaciones para la firma del nuevo convenio entre trabajadores y Telefónica en 1999 presumen de ser sonadas.

Antes de que esto ocurra el monopolio se atrinchera y sin contar ni con trabajadores ni con sindicatos ni con el gobierno, pretende llegar al uno de diciembre bajo una situación de inmunidad. ¡Algo así como Pinochet y permitidme la comparación, que aún cuando todas son odiosas, paralelismos varios hay en las actitudes.

El 21 de octubre del presente año, la UGT informa a los trabajadores de Telefónica de la situación. 

"Ante la pasividad que está ejerciendo el ministerio de Fomento, frente a la reorganización que pretende acometer Telefónica en una nueva estructura de su holding, desde la Unión General de Trabajadores hemos presentado las alegaciones ante el ministerio de Fomento en contra de dicha reorganización por:

La falta de transparencia en la creación de la filial Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones.

La inexistencia de garantías para la estabilidad del empleo.

Aislamiento del negocio de telefonía básica, pudiendo justificar pérdidas y tener acceso a poder presentar Regulaciones de Empleo."

El expediente de autorización para la aprobación de este sin sentido fue iniciado por Telefónica el 25 de junio del presente año, y el 15 de julio el secretario general de Comunicaciones solicitó a Telefónica de España la aportación de documentación complementaria. Esta misma Secretaría puso de manifiesto el 3 de septiembre, -fecha de la primera huelga de internautas-, la insuficiencia de documentación aportada por Telefónica. 

El 30 de septiembre, contra viento y marea, el Consejo de Administración de Telefónica S.A., anuncia que procederá a la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Es decir, la ejecución de sus planes de disgregación.

Mientras tanto el mismo 25 de junio de 1998, Alejandro de Llano Salvador, actuando en nombre y representación de la Federación Estatal de Transportes y Telecomunicaciones de UGT, interpone una denuncia por infracciones laborales contra Telefónica de España S.A., ante la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los trabajadores de Telefónica se encuentran en una situación casi desesperada. Pendientes de regulación presuntamente ilegal de empleo, trasladados de un puesto a otro con pérdidas económicas y bajo la amenaza del despido, enviados obligatoriamente a Brasil bajo la misma amenaza que los anteriores, sin medios técnicos de trabajo porque ya es realizado por las contratas, sin trabajo que realizar por las mismas circunstancias a la espera de saber a donde les envían, sin autonomía para con sus vehículos porque es una empresa propiedad de la Caixa de Pensions que se ocupa de su gestión y chantajeados. 

Siguiendo su línea de más y más abusos, han llegado incluso a proponer a ciertos sectores, como es el informático, que se constituyan en contrata donde realizarían el mismo trabajo que ahora. Y por supuesto, bajo un estricto control ejercido por la central en Madrid. ¡Vergonzoso!

Algunos lectores me escribieron atónitos, cuando en el artículo narraba las atrocidades que el monopolio realizaba sobre los trabajadores de Telefónica del Perú. 

Pues bien. No tenemos que irnos tan lejos. En Estratel, filial de Telefónica, se filma a los trabajadores, se pinchan sus teléfonos para escuchar sus conversaciones y se les espía; incluso se les somete a vigilancia cuando tienen un día libre a la semana y se les llama por teléfono para ver si están en casa. Uno que ya no pudo resistirlo se ha atrevido a contárselo a Carlos Matías, periodista y amigo de toda credibilidad. 

Como todo ladrón cree que todo el mundo es de su condición y todos los dictadores necesitan una madriguera que les proteja, Telefónica se ha montado el suyo propio en el SIMO, rodeado de la policía nacional, -servicio que paga el contribuyente- y con furgón en la puerta. ¡No vamos a atacarles señores de Telefónica! No vamos a destruir su stand emisor de presuntas mentiras como la de Teleline, que sólo funciona cuando ustedes tienen representación en alguna feria o la de los servicios gratuitos, que el cliente debe empezar a pagar en un plazo prudencial, sin que ustedes le avisen antes. 

Los ciudadanos tenemos mucha paciencia. ¡Tanto ustedes como el gobierno lo saben! ¡Pero controlen las vueltas de tuerca! Tanto los trabajadores como los usuarios estamos a punto de perderla.