Telefónica cotiza sus acciones en Wall Street. Eso significa que tiene que someterse a las leyes norteamericanas que prohíben la sobre facturación falsa, el cobro indebido, el racketeering. Y Telefónica no puede cometer estas tropelías porque las mismas se hallan tipificadas como delitos por la legislación estadounidense.

Sin embargo, en el Perú, Telefónica sobre factura, inventa consumos de línea que zampan a la mala en los recibos mensuales de los usuarios, en el detalle de las facturaciones invierte dígitos de celulares para puntualizar supuestos consumos. Sólo en Mendoza, Argentina, hay 65,000 denuncias por cobro indebido contra Telefónica. En Chile, Telefónica hace lo propio.

Es decir, la empresa cuyo mando detenta el ibérico Villalonga, comete delitos unos peores que los otros en los países donde opera. En la propia España, como dice nuestra corresponsal Gema Castellano, la compañía arremete a troche y moche contra los usuarios que se siente acorralados, vejados y empequeñecidos por el designio expoliador de la pandilla.

A esta altura más de un lector estará preguntándose: ¿y todo esto qué tiene que ver con los tribunales o acciones que planteamos como tesis fundamental de esta entrega? Mucho. Veamos.

¿Concebiría usted que los diferentes carteles que asesinan por encargo, aniquilan a los no iniciados y trafican con narcóticos o drogas, listen sus acciones en las bolsas más importantes del mundo? Evidentemente que no. Porque quienes recibieran dividendos de estos movimientos bursátiles estarían enriqueciéndose con dinero obtenido ilícitamente.

Entonces, ¿cuál es la fuente de todas las múltiples denuncias en Chile, Argentina, Perú (y creemos que en Brasil ocurrirá pronto), en España, contra Telefónica? ¿Por actividades lícitas? ¿O por cobranzas indebidas y en desmedro de los usuarios? Es decir, en buen romance: porque están empeñados en esquilmar los bolsillos latinoamericanos e ibéricos a como dé lugar.

De manera que una empresa que obtiene dinero de esa forma y cotiza sus acciones en las bolsas más importantes y sobre todo la de Nueva York está incurriendo en la comisión de delitos manifiestos. No interesa que no los lleve a cabo en Estados Unidos. Lo que sí es evidente es que esta empresa no puede generar riqueza o intereses en los Estados Unidos de dineros mal habidos.

En los Estados Unidos, los usuarios pueden demandar no sólo por el monto supuesto del fraude sino a través de los punity damages, por varias veces la cifra estimada. Las tabacaleras han tenido que pagar fortunas por sus inconductas.

Orillemos un posible cálculo. En el Perú hay aproximadamente 1’500,000 usuarios de teléfono. Si a cada uno, merced a los artificios denunciados públicamente en nuestras páginas, se le clava mensualmente un uso imaginario de US$ 10.00, entonces TdP se embolsica la astronómica cifra de US$ 15’000,000 cada mes, por doce meses da la impresionante cantidad de US$ 180’000,000. ¿Está seguro que los diversos conceptos que hay en su recibo de pago y que a veces nunca usa, no llega a los US$ 10.00 cada mes?

Ha llegado el momento de reunir las pruebas y el detalle de las mismas para demandar a Telefónica por varias veces el monto que nos roba cada mes. ¿Y qué haríamos con el dinero materia del juicio? Pues, nada más ni nada menos que fundar una empresa de telefonía que no estafe, no cometa fraudes, pero que contribuya a la educación de los países latinoamericanos, a la información que no puede ser coto de caza de los poderosos, hoy menos que nunca. La democratización informativa pasa por las tarifas planas para que los internautas naveguen, investiguen y se aprovisionen de armas tecnológicas, educativas y científicas que impidan que nuestros países continúen siendo los graneros de los que se puede sacar de todo y en grandes cantidades y por el contrario se conviertan en viveros de creación, ingenio y fecunda elevación intelectual.

Ya hemos empezado a tomar contacto con dos prestigiosos estudios de abogados en la ciudad de Nueva York, sin embargo, se van a necesitar muchos datos e información fidedigna. En el Perú, hay miles de casos comprobables y luchados a muerte. Herbert Mujica Rojas le ganó a TdP 6 juicios administrativos y a pesar de ello, de cuando en vez tiene que seguir padeciendo la insolencia de TdP. A Flecha le acaban de cortar el servicio telefónico, so pretexto que no presentó sus impugnaciones y argumentos a tiempo.

Alguna vez comentamos refiriéndonos al perjuicio ocasionado por un balazo que la víctima no pudo denunciar a tiempo al delincuente porque estaba herido y desangrándose. Lo hizo después, cuando se recuperó. Pero ello, ¿promueve la extinción del acto en contra de la persona? El no poder responder “a tiempo” a TdP, ¿aniquila la presunción del robo de que somos víctimas?

Los trámites están hechos para cansar y atosigar al usuario. Para que pague en lugar de reclamar, para que negocie términos económicos que siempre favorecen a TdP. Y en ello también hay un profundo desprecio por el usuario a quien se pretende tratar como animal acorralado. La progaganda tendenciosa afirma en los periódicos y comerciales televisivos supuestas bondades que no tienen correlato real porque son sólo eso: quimeras y engañifas.

Todos estos abusos y fraudes tienen a mal traer a decenas de miles de usuarios en Latinoamérica. Ha llegado el momento de parar estas maniobras y castigar ejemplarmente a quienes así se portan. Reunamos todas las pruebas necesarias, sin cejar ni un momento ni caer en las vallas que la gran mafia pueda ponernos en el camino. 

¡Demandemos a Telefónica por 1,000 millones de dólares!