El año pasado acudimos en el Perú a una pública discusión entre los entonces presidente del Congreso y primer ministro, Víctor Joy Way y Javier Valle Riestra, respectivamente, respecto a qué era prioritario: combatir la pobreza o garantizar los derechos humanos. Tal discusión pudo haber dejado la errónea impresión de que los temas socioeconómicos (pobreza, empleo, distribución del ingreso, bienestar) pueden ir desligados de los temas políticos (robustecimiento de las instituciones, descentralización, autonomía de entes regionales y locales, etc.). Nada más falso, dado que para entender adecuadamente el desenvolvimiento de una sociedad, debe usarse una óptica totalizadora que capte las interrelaciones entre las distintas áreas (económica, social, política, cultural, etc.).

Debemos recordar que uno de los aportes de Douglas North (Premio Nobel de Economía 1993), fue precisamente el plantear que las esferas de lo económico, lo social y lo político, están totalmente unidas, correspondiendo la esfera de lo político a las limitaciones institucionales que enfrenta un sistema económico. En palabras de North, “la teoría macroeconómica moderna nunca resolverá los problemas que confronta, a menos que quienes la practican reconozcan que las decisiones tomadas por medio del proceso político afectan críticamente el funcionamiento de las economías”. Las oscilaciones de la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, reflejan las actitudes de los inversionistas, sensibles no sólo a las medidas monetarias o fiscales del gobierno, ni a las crisis externas, sino también a los acontecimientos políticos (el recurrente tema  de la re-re-elección, cambios ministeriales, etc.).

En el campo de las medidas de política social, su eficiencia depende, entre otros factores, de propiciar la mayor participación de los directamente beneficiarios, para identificar sus necesidades prioritarias, lo que implica prácticas democratizadoras en el manejo de las políticas sociales. Por otro lado, siendo el crecimiento requisito (aunque no condición suficiente) para superar la pobreza, debe atraerse la confianza de los inversionistas privados, mediante la estabilidad política y jurídica, lo cual pasa por el fortalecimiento de las instituciones, el respeto a la separación plena de poderes, el contrapeso entre los órganos del Estado reconocido por las normas constitucionales. 

Desde otra óptica, según Robert Erikson, profesor de Sociología en Suecia, la priorización del tipo específico de problema de bienestar a resolver, está condicionada al ambiente político predominante. Para el liberalismo social, que reconoce al mercado como el mecanismo natural de asignación de los recursos, el principal problema será la pobreza. En cambio, en un régimen social demócrata, para el cual el Estado debe corregir las deficiencias del mercado, el problema es la desigualdad del ingreso.

En el análisis del Bienestar, uno de los aportes conceptuales es el Enfoque de las Capacidades desarrollado por Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998. El parte definiendo como funcionamientos las cosas que una persona logra hacer o ser al vivir (desde lo más elemental, como alimentarse o estar sano, hasta la autoestima y la integración social). Siendo la vida una combinación de “quehaceres y seres”, la calidad de vida “debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos”. En esta línea, las políticas sociales se entienden como medidas que coadyuvan el desarrollo de las capacidades de los individuos. Si esto se logra, se crean condiciones para el crecimiento sostenido en el tiempo, mediante una estructura institucional más perdurable y eficaz, “ya que los mercados operan bien cuando están apoyados también por otro tipo de redes sociales”, en palabras de Klaus Esser y otros investigadores alemanes. Nuevamente, lo económico y social resultan integrados a lo institucional o político.

Quien mejor resume la interrelación planteada es el economista y catedrático peruano Adolfo Figueroa, quien plantea que una economía capitalista está en un problema distributivo cuando la distribución del ingreso, resultante del proceso económico y político, no es aceptada o tolerada socialmente. Ello origina la ruptura del contrato social, que lleva a la violencia e inestabilidad social, que en grado extremo conduce a la inestabilidad política. Aunque el origen de los movimientos subversivos que asolaron el Perú es exógeno o externo al proceso económico, su expansión puede ser explicada por el aumento de la pobreza y la falta de oportunidades económicas, sobre todo en el interior del país.

Por tanto, democracia económica está entonces íntimamente ligada a la democracia política. El logro del bienestar social, de la equidad, exige que los agentes económicos tengan “igualdad de oportunidades” (para la educación,  la salud, etc.). De esta manera se puede dinamizar la movilidad social, para compensar la natural fragmentación y desintegración social que son consecuencia de la mayor competitividad y la reducción de espacios de intereses comunes, promovidas por el proceso de globalización económica.

Por último, si examinamos el funcionamiento del mercado de trabajo, se puede también identificar nexos políticos en las relaciones laborales. Los sindicatos han sido considerados agentes poderosos en el tránsito de los países de Europa Central y del Este a una economía social de mercado. La OIT por ello ha planteado que a pesar de los cambios provocados por la globalización y la liberalización de los mercados, los sindicatos siguen cumpliendo tres funciones básicas: democrática, social y económica, siendo la primera “dar la palabra en la vida profesional a todos los que trabajan o quieren trabajar”.

En conclusión, no debe perderse de vista el análisis integral de la sociedad. En caso contrario, será más difícil resolver los problemas socioeconómicos de los países latinoamericanos.